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Los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados (PP-UPN y PSOE), junto a su entrañable aliado en el desmán Convergència i Unió, han vuelto a desestimar una propuesta de los partidos minoritarios, encabezada por UPyD, para disminuir los desaforados privilegios de que gozan los ex presidentes del Gobierno. No es la primera vez ni, como todo parece indicar, será la última. Concretamente se proponía limitar la canonjía de que disfrutan Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero (80.000€ anuales para gastos y la posibilidad de convertirse en consejeros vitalicios remunerados por el Estado) y que, en todo caso, ello sea incompatible con recibir honorarios privados. Carlos Martínez Gorriarán apelando a la ética política, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a la ejemplaridad a la que están obligados los representantes de los ciudadanos solicitó el amparo de los políticos que nos representan para contribuir, de alguna manera, a mermar la sensación de abuso y prepotencia que transmiten los cargos públicos en tiempos de grandes apreturas. La escaramuza se saldó con una fuerte derrota del autor de la propuesta bajo el argumento fundamental de que «hay cosas más importantes de las que preocuparse».

Lo más interesante de la cuestión es que entre las múltiples acusaciones («demagogo», «oportunista», «estigmatizador» «política espectáculo», etc.) que se vertieron desde la bancada mayoritaria sobre el insensato autor de la propuesta, se deslizó la de «seguir miméticamente la opinión pública» manifestada por el socialista Ignacio Sánchez Amor que, al parecer, se quedó tan fresco.

Encuentro torpe y poco meditada la respuesta del prócer socialista por dos razones muy concretas:

1. No encuentro en las palabras de Martínez Gorriarán copia o imitación de la opinión pública. En todo caso es una aproximación, muy sesgada a la baja, de lo que piensa la plebe. Parece ser que la exclusiva dedicación del desorientado socialista a los asuntos del gobierno, le ha desconectado de la opinión general. Una mimesis más certera de la opinión pública hubiera consistido en solicitar la desaparición total de los privilegios de su señoría, la adecuación del tiempo necesario para cobrar la pensión máxima al del vulgo, la aproximación de las dietas de todos los diputados a la realidad de la vida en España y el encarcelamiento de todo individuo al que se le pueda demostrar incompetencia para gestionar lo público y/o mala fe

2. No salgo de mi asombro al observar hasta qué punto el exceso de poder ha congestionado de vacio la sesera de los representantes de los ciudadanos. Siempre creí que la misión de los cargos electos era, precisamente, transmitir a los puntos de decisión las inquietudes y preocupaciones que afectan a los ciudadanos (en este caso el despilfarro mantenido de recursos públicos de los encargados de gestionarlos con eficiencia). Afear la opinión de los dueños de la empresa no es una cosa que se le ocurriría a ningún gestor, salvo insania manifiesta o mediación paranormal.

No creo que este caso tan penoso tenga que ver con acontecimientos extrasensoriales, sino más bien con el obrar zangolotino de un nefasto representante de los ciudadanos. Tal es la desconexión de la casta política de los asuntos de la calle y tan firme el agarrotamiento al sillón de mando de sus componentes que, como le pasaba al pequeño Cole en la película «El sexto sentido» que ‘a veces veía muertos’», siento gélidas punzadas en la nuca cada vez que toma la palabra un miembro del PSOE, percibo un siniestro vaho de impostura surcando el ambiente cuando toma la palabra algún miembro del partido ex obrero, ex socialista y ex español y hasta creo que «en ocasiones solo veo mentecatos».

 


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