Por fin parece que los despidos de aquellas fundaciones culturales son improcedentes. Creo recordar que se les despidió por no superar el periodo de prueba, pero me parece tan ridículo que prefiero no estar seguro.
Lo que me fascina ahora es el desparpajo con el que en el Ayuntamiento de Salamanca despachan el tema: No importa mucho que haya que indemnizar a los despedidos con unos 700000 euros porque resulta que, por una cuestión de plazos, esa indemnización ya no tiene que abonarla el ayuntamiento, sino la administración central.
Fernando Rodríguez, portavoz del Ayuntamiento, se queda, por lo tanto, tranquilo. Los demás nos quedaremos asombrados pensando que el dinero que cuesta la arrogancia saldrá, al fin y al cabo, de los mismos bolsillos, se pague por donde se pague.
