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El Comité de supervisión bancaria de Basilea pertenece al Banco Internacional de Pagos y fue creado en 1974 por los Gobernadores de los Bancos Centrales de G-10. Su objetivo último es garantizar la solvencia de las Entidades Financieras para impedir que el dinero de los ahorradores se “esfume” por malas prácticas bancarias. Este Comité les fijó un capital mínimo del 8% de sus activos totales y es conocido como “Basilea I”. A lo largo de las últimas décadas, la globalización, el comercio electrónico y las fuertes transformaciones económicas y tecnológicas han motivado que en 2004 se revisaran los requisitos anteriores, fijando unos nuevos criterios denominados “Basilea II”. Mediante modelos matemáticos que recogen muchas variables –en inglés “rating y scoring”- , los clientes que piden créditos serán clasificados informáticamente para aplicarles mejores o peores condiciones.

Hasta aquí, todo este “rollo macabeo” es bueno, pero si tenemos en cuenta que las grandes empresas se ubican en las grandes ciudades, esto implicará que los ciudadanos y las pequeñas empresas que habitan en las zonas más despobladas del mundo -como Castilla y León-, tendrán peores “rating y scoring” y por tanto accederán con más dificultad al crédito y a precios más caros, impidiendo su desarrollo. Estos acuerdos favorecen la brutal concentración humana en grandes urbes, incrementando a su vez el gran riesgo medioambiental. ¿Se habla de Basilea II en nuestras universidades o estarán esperando a que suceda lo peor y luego sean invitados a “mesas de observación”?

 


Foto | Warein Holgado