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Déficit público, empresa privada y empleados públicos

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Cada vez que se reflexiona -perdón se charla- sobre el grave problema del déficit público, por un resorte automático todo el mundo piensa en los costes económicos de los salarios de los empleados que diariamente prestan servicios públicos a la ciudadanía. Acto seguido se concluye que la única forma de conseguir sanear las arcas públicas es recortando los salarios de este amplio colectivo. Así sucedió en el 93 cuando estos trabajadores tuvieron que soportar con sus retribuciones los excesos presupuestarios de eventos como la Expo 92 o las olimpiadas de Barcelona cuya ejecución estuvo plagada de escándalos de corrupción.

Lo mismo sucede con la gran depresión que asola a nuestra sociedad desde hace más de dos años. Los poderes fácticos y “creadores de opinión” de este país, como caca vez que se dispara el déficit, con un acto reflejo, apelan a un recorte de los gastos del personal encargado de prestar los servicios sociales básicos de ciudadanía.

Los grandes poderes económicos pregonan a los cuatro vientos el adelgazamiento del estado, pero en su fuero interno son los más interesados en que la maquinaria administrativa tenga aseguradas sus fuentes de financiación; especialmente si provienen de tasas o impuestos directos que soportan las masas menos privilegiadas. Desde hace varias décadas los estados en su conjunto se han convertido en los mejores clientes de las grandes empresas privadas. El estado paga -aunque tarde- seguro bien y nadie exige calidad en el servicio.

Recientemente estamos asistiendo a una privatización silenciosa, pero implacable, de multitud de servicios que hasta ahora estaban siendo prestados por empleados públicos. Argumentar que una empresa privada presta mejores y más baratos servicios públicos es algo que está por demostrar.

Existen varios ejemplos que demuestran lo contrario. En los últimos años se han privatizado servicios como la entrega de vidas laborales por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y las tarjetas sanitarias europeas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En ambos casos, la vida laboral y la tarjeta sanitaria era entregada directamente y en el acto por los funcionarios de estos organismos. De la noche a la mañana la administración dio la orden tajante de prohibir entregar ambos documentos en el acto. En su lugar el usuario tiene que llamar por teléfono a un número de pago en el que una empresa privada toma nota y le envía por correo dichos documentos que en el mejor de los casos tardará 3 días en llegar y en el peor no llegará nunca. Mientras tanto los empleados públicos gastan más tiempo en explicarle al ciudadano que no están autorizados para entregarle su vida laboral o tarjeta sanitaria que en imprimirla y dársela en el acto. ¿Cual el es motivo por el que la Seguridad Social ha empeorado deliberadamente ambos servicios? Sencillamente, la privatización para enriquecer una empresa privada a la que algún directivo selecciona entre muchas a saber con qué criterios de adjudicación.

Algo parecido sucede en el ente público RTVE, gran parte de cuya producción ha sido externalizada a la empresa de “La Sexta” de marcada tendencia pro-Zapatero, mientras el personal de la empresa pública percibe su salario sin tener trabajo efectivo, lo que supone duplicar los costes de forma irracional.

En el antiguo INEM el empleado público que resuelve una solicitud de prestación en el acto imprime y entrega en mano al interesado la notificación de la concesión, pero, inexplicablemente, el organismo le envía nuevamente dicha resolución por correo postal. ¿Cómo se explica tan irracional duplicidad? Privatización de las notificaciones de las prestaciones por desempleo.

En todos los supuestos es preciso justificar los miles de millones de euros que anualmente dilapidan de forma innecesaria todas las administraciones públicas. Si esto es así ¿alguien se explica cómo el señor Zapatero no ha incluido entre sus medidas de recorte de gastos la supresión de miles de contratas privadas innecesarias y cuyo montante nada tiene que envidiar a la nómina de los empleados públicos?

Ángel Sánchez, Delegado por CGT-CAT y Empleado del Servicio Público de Empleo Estatal

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