El Estatuto de Autonomía de 1983 define el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León integrando las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En los artículos posteriores se hace referencia a que leyes posteriores fijarán la ubicación de sus sedes, organismos y valores como el idioma castellano.
Trascurridos 25 años, se constata que las sedes importantes en inversión y funcionarios se las han repartido entre Valladolid y Burgos por el excesivo peso de sus políticos y empresarios. Si del entorno público pasamos al privado, se comprueba igualmente que empresas de esas Provincias se han visto claramente beneficiadas con el dinero público que tendría que haber servido para equilibrar el territorio. Si alguien piensa que son simples lágrimas de cristal provinciano, podemos recordar cómo las fuertes subvenciones a Hermanos Pascual, Grupo Antolín, Campofrío, Renault, las de Boecillo, Ribera del Duero, fortalecieron a éstas en detrimento de empresas como las de Ambulancias, Sanidad, Polienvasados Ibéricos, Cofrilesa, Avilacta, etc, influyendo negativamente en la agricultura, ganadería y servicios de estas provincias menores.
Si quieren algo actual, se observa como la Junta está sometiendo a un proceso de “jivarización” a la Universidad de Salamanca empezando por las filologías y a la vez fija el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en Burgos o la Fundación del mismo nombre en Valladolid; a Salamanca la despacharán con un “congresito” para tirarse fotos o 90.000 euros para ir a ferias. Los empresarios de esas dos capitales ya se frotan las manos con los beneficios que obtendrán del turismo “idiomático”; nada importa que Salamanca y sus pequeñas empresas hayan sido pioneras con gran esfuerzo y calidad. El resultado de estas políticas es lo que hace que Burgos y Valladolid vayan mejor que la media Nacional, el resto, simples comparsas. ¿De quién es la Junta?, creo que sobran las palabras.
Foto | Hermano Gris
