A día de hoy, y muy lamentablemente, la lealtad institucional es aquella cosa que uno reclama de sus súbditos cuando es un impresentable y los susodichos se han dado cuenta. En los últimos tiempos se ha producido un mar de solicitudes de lealtad en el ámbito político de nuestro país (por lo menos en el mío). “Griñán ofrece lealtad institucional, diálogo y defensa de lo público”; “Valderas aboga por un cambio de política económica y lealtad institucional”; “El portavoz del Gobierno de Canarias … pedirá lealtad institucional a Mariano Rajoy”; “El coordinador provincial de IU … ha pedido al presidente de la Diputación de Málaga lealtad institucional”; “La Junta y el Estado se prometen lealtad institucional”; “El Gobierno Regional requiere 450 millones al central por lealtad institucional”; etc. Una fuente inagotable de exigencia de tal cosa son las dos comunidades rojo desvaído que mientras tanto anuncian insumisión a todo lo que se menea.
Lealtad institucional es un concepto jurídico y ético que cuadra estupendamente con la Administración Pública y hace referencia a la obligatoriedad de prestarse ayuda entre si para todos los involucrados en mantener el bienestar de los ciudadanos (hoy hablaríamos en realidad de su supervivencia). La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas lo recoge en el apartado «De las Administraciones Públicas y sus relaciones» y lo desarrolla en el artículo 4.1 [http://bit.ly/KISRiO]. Leer ese artículo en estos tiempos de insumisos sobrevenidos, incumplidores legislativos y demás ralea seudopolítica pone los pelos de punta. Sin embargo, se lo aseguro, está vigente. Alguien tendrá que explicar algún día porqué si legalmente “las Administraciones Públicas deben respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias” los insumisos Griñan y López no van a la cárcel, pero si a mi se me ocurre robar una gallina me arriesgo a que me entrullen 3 años (soy reincidente). Aún así, no me cabe ninguna duda de que las personas deben ser leales a las Organizaciones de las que forman parte (lo contrario sería de malnacidos), pero tampoco albergo ninguna incertidumbre sobre la necesidad de que las organizaciones lo sean también con sus ciudadanos, sus afiliados, sus trabajadores o sus clientes.
De todas maneras el problema del concepto «lealtad institucional» no radica en ese punto, sino en su torticera relación con el servilismo, la ocultación, la componenda y el amiguismo (del alma). El concepto de lealtad está íntimamente vinculado al de fidelidad y honor. Un gestor incompetente reclama lealtad a su secretaria tras descubrir que falsea facturas. Un ministro solicita a sus subalternos lealtad institucional cuando ha incumplido una cuarta parte del aparato legislativo que le afecta. Un Jefe de Gobierno solicita lealtad a la oposición tras incumplir todas las razones por las que, actualmente, es Jefe del Gobierno. Un Jefe de la Oposición solicita lealtad al Jefe del Gobierno tras descubrirse que todos los datos en los que se basan los cálculos económicos del país están falseados. Un diletante político acepta con sumo gusto cubrir todas y cada una de las pifias que realizan sus jefes, porque en ello le va el futuro; un futuro en el que reclamará lealtad institucional ante las equivocaciones propias.
Cuando se quiere defender unas elección propia que puede causar problemas, es dudosamente útil o perjudica a terceras personas el gestor incompetente siempre utiliza uno de los dos recursos mágicos: «era imposible hacer otra cosa» o «me he visto obligado a hacerlo». En el primer caso la información de las partes siempre está desequilibrada y en el segundo el deber incuestionable es inaccesible o pertenece a lo mítico. En ambos casos, y para zanjar definitivamente el asunto, el aprendiz de organizador siempre clama por la lealtad que se debe a las Instituciones.
A mi me asusta, desde hace tiempo, la lealtad institucional. Me interesa la lealtad al ciudadano, el cumplimiento íntegro de las penas de los que han delinquido contra la Hacienda Pública, la delación del político corrupto que está robando a los ciudadanos, la denuncia del gestor monstruoso que, por avaricia o incompetencia, causa gran desgracia a su alrededor.
¿Debemos ser leales a la canallada que perpetró el anterior Gobierno con la cosa pública? ¿Debemos lealtad al político que aún tiene la desfachatez de predicar lo que se debe hacer cuando él pudo y no quiso? ¿Debemos cumplir con el deber de la lealtad ante el que nos ofende o nos perjudica? ¿Es lógico mantenerse leal al que engaña y lo mantiene?
La reclamación de lealtad institucional, como tantas cosas, es un concepto honorable que se ha visto corrompido en su paso por la especie humana. El DRAE describe el concepto «lealtad» como “el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”, PERO TAMBIÉN reconoce como legítimo el significado de “amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo”. Respetemos la lealtad que se debe a quién lo merece, pero jamás la lealtad perruna al injusto, al malintencionado, al incompetente, al mentiroso, al tramposo o al patán. Nunca se ha demostrado, pero yo intuyo que nos iría mejor.
