En diciembre de 2010, tras un largo proceso, el Tribunal Supremo dio la razón a tres familias que habían solicitado una educación bilingüe para sus hijos en Cataluña (español y catalán). Un año después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en dos meses el lapso de tiempo para que la Generalidad aplicara el bilingüismo en la comunidad autónoma. Otro año después el pleno contencioso administrativo del mismo tribunal da marcha atrás, acepta parcialmente el recurso de la Generalidad, y decide instar al Govern a garantizar la atención personalizada en castellano, pero solamente de los alumnos cuyas tres familias lo han reclamado a través de la Justicia. La grotesca algarada judicial concluirá cuando el Tribunal Supremo zanje definitivamente el asunto que los prestigiosos juristas del tribunal autonómico no han sabido solventar. Siempre queda un regusto amargo cuando la judicatura, haciendo bueno el irónico discurso de Descartes («El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno estima estar tan bien provisto que hasta los que son los más difíciles de satisfacer en cualquier cosa no suelen ambicionar, por lo general, más del que poseen»), zanja de manera ridícula un asunto obvio.
El gobierno catalán, por si acaso, se había movilizado con anterioridad al fallo y había requerido la colaboración de sus palmeros -subvencionados con dinero público- para presionar al órgano judicial, considerando que su ilegal inmersión lingüística no podía ser cuestionada por nada ni por nadie, dado el carácter superior de las decisiones del Parlamento autonómico, la imposibilidad de que un Tribunal modifique la legislación aprobada por la institución y la necesidad metafísica de exterminar el idioma de España de la irreductible aldea. Particularmente contundente se mostró el Partido Socialista de Cataluña.
El Partido Popular –18 diputats– protestó tímidamente tras apoyar sin contrapartida alguna los presupuestos del Gobierno en minoría de Artur Más, que a su vez ha correspondido aprobando la reforma laboral del gobierno central. Ciutadans -3 diputats-, por su parte, exigió “que se respeten las leyes, el Estatuto y la Constitución”.
El asunto en sí parece repugnante. Desde fuera de la política oficial es imposible comprender que nadie tenga nada que decir sobre la importancia de utilizar el español en España, sobre la obligatoriedad de cumplir la leyes o sobre lo inadecuado de presionar al poder judicial desde el legislativo, considerando que si el primero existe de manera independiente es como mecanismo democrático de salvaguarda para los abusos del legislador. Menos aún se comprende que los responsables de semejantes desmanes sean precisamente los profesionales de la política.
Aún con todo, nada se puede comparar a la última moda instaurada en Cataluña consistente en una llamada permanente a la desobediencia civil de los ciudadanos por parte ¡de las instituciones políticas! El portavoz del Govern, Francesc Homs, animó hace menos de un año a los catalanes a llevar el distintivo ‘CAT’ en las matrículas ocultando si es preciso la ‘E’ de España (los Mossos d’Esquadra le advirtieron, inmediatamente, que es una conducta sancionable). Este sujeto es el mismo que ofreció apoyo a los ayuntamientos que no cuelgan la bandera de España en sus balconadas y vio “con simpatía” el nacimiento de la independentista Asamblea Nacional Catalana. Oriol Junqueras i Viesras (presidente de ERC) solicita a través de los medios de comunicación la insumisión fiscal al Estado y los ayuntamientos de Gerona, Arenys de Munt y Berga lo aprueban oficialmente con el apoyo de CIU y el PSC. Estamos hablando, por si alguien no se ha dado cuenta, de la comunidad autónoma con mayor deuda de todo el país (41.778.000.000€).
Fomentar la desobediencia civil desde los poderes del Estado encargados de generar leyes y fomentar la convivencia es práctica canallesca e irracional. Por muy inepto que uno sea se dará cuenta que es imposible detener el mar con las manos. Los ciudadanos, por ejemplo, harán muy bien en desobedecer la orden de la sanidad catalana que obliga a los profesionales de sus hospitales a dirigirse en catalán a los pacientes, aunque no les entiendan ¡Cabe mayor villanía!
Ha querido el azar que estos lamentables acontecimientos coincidan con una noticia del máximo interés: reputados especialistas en Biología Evolutiva (alguno de ellos catalán, de la Universidad Pompeu Fabra) avanzan que la revista Nature va a publicar, próximamente, el resultado de sus estudios de genética comparada que demuestran la ausencia casi total de diferencias entre el material genético de los humanos y los gorilas. Ante el pasmo científico generalizado, pues se esperaba precisamente lo contrario, es necesario continuar la investigación y testar nuevas hipótesis científicas. Voy a proponer al señor Homs que, dado que al comparar a la baja con otras especies no hemos tenido éxito -ni con gorilas ni con chimpancés-, y con el fin de aprovechar recursos en investigación, se debería intentar comparar al alza la secuencia de nucleótidos del ADN entre otros humanos españoles y los humanos catalanes para zanjar definitivamente el asunto y, de esa manera, apoyar de manera ya definitiva la tesis de la diferencia ontogénica entre los privilegiados que han tenido la suerte de nacer en Cataluña y los demás descendientes de la línea ibérica de los primates
