Foto de Manuel H

Para que una democracia moderna funcione correctamente debe establecerse un sistema fiscal que sea justo, equilibrado, transparente, comprensible, progresivo, no confiscatorio y que favorezca el crecimiento económico. Los impuestos surgidos del consenso constitucional tendrían que haber sido suficientes para financiar todos los servicios públicos. Por lo que gano cada año, impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas (IRPF) o impuesto de sociedades (IS). Por lo que tengo, impuesto sobre el patrimonio (IP). Por lo que gasto, impuesto sobre el valor añadido (IVA). Actualmente, España, sus comunidades autónomas y sus entes locales mantienen en muchos casos los impuestos franquistas y los nuevos, llegando en muchas ocasiones a ser injustos, desequilibrantes -entes locales en verdadera situación de quiebra-, no transparentes -políticos que afirman bajar impuestos cuando en realidad los suben-, no progresivos -pagan más los que tienen menos-, confiscatorios -la suma de todos ellos supera el 50%- e incomprensibles. En tiempos de “tarta creciente” todo vale, pero cuando suenan ecos de “tarta menguante”, los malos planteamientos fiscales pueden llevar al desastre, peligrando el bienestar general al que nos hemos acostumbrado.

 


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