A día de hoy, y muy lamentablemente, la lealtad institucional es aquella cosa que uno reclama de sus súbditos cuando es un impresentable y los susodichos se han dado cuenta. En los últimos tiempos se ha producido un mar de solicitudes de lealtad en el ámbito político de nuestro país (por lo menos en el mío). “Griñán ofrece lealtad institucional, diálogo y defensa de lo público”; “Valderas aboga por un cambio de política económica y lealtad institucional”; “El portavoz del Gobierno de Canarias … pedirá lealtad institucional a Mariano Rajoy”; “El coordinador provincial de IU … ha pedido al presidente de la Diputación de Málaga lealtad institucional”; “La Junta y el Estado se prometen lealtad institucional”; “El Gobierno Regional requiere 450 millones al central por lealtad institucional”; etc. Una fuente inagotable de exigencia de tal cosa son las dos comunidades rojo desvaído que mientras tanto anuncian insumisión a todo lo que se menea.

Lealtad institucional es un concepto jurídico y ético que cuadra estupendamente con la Administración Pública y hace referencia a la obligatoriedad de prestarse ayuda entre si para todos los involucrados en mantener el bienestar de los ciudadanos (hoy hablaríamos en realidad de su supervivencia). La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas lo recoge en el apartado «De las Administraciones Públicas y sus relaciones» y lo desarrolla en el artículo 4.1 [http://bit.ly/KISRiO]. Leer ese artículo en estos tiempos de insumisos sobrevenidos, incumplidores legislativos y demás ralea seudopolítica pone los pelos de punta. Sin embargo, se lo aseguro, está vigente. Alguien tendrá que explicar algún día porqué si legalmente “las Administraciones Públicas deben respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias” los insumisos Griñan y López no van a la cárcel, pero si a mi se me ocurre robar una gallina me arriesgo a que me entrullen 3 años (soy reincidente). Aún así, no me cabe ninguna duda de que las personas deben ser leales a las Organizaciones de las que forman parte (lo contrario sería de malnacidos), pero tampoco albergo ninguna incertidumbre sobre la necesidad de que las organizaciones lo sean también con sus ciudadanos, sus afiliados, sus trabajadores o sus clientes.

De todas maneras el problema del concepto «lealtad institucional» no radica en ese punto, sino en su torticera relación con el servilismo, la ocultación, la componenda y el amiguismo (del alma). El concepto de lealtad está íntimamente vinculado al de fidelidad y honor. Un gestor incompetente reclama lealtad a su secretaria tras descubrir que falsea facturas. Un ministro solicita a sus subalternos lealtad institucional cuando ha incumplido una cuarta parte del aparato legislativo que le afecta. Un Jefe de Gobierno solicita lealtad a la oposición tras incumplir todas las razones por las que, actualmente, es Jefe del Gobierno. Un Jefe de la Oposición solicita lealtad al Jefe del Gobierno tras descubrirse que todos los datos en los que se basan los cálculos económicos del país están falseados. Un diletante político acepta con sumo gusto cubrir todas y cada una de las pifias que realizan sus jefes, porque en ello le va el futuro; un futuro en el que reclamará lealtad institucional ante las equivocaciones propias.

Cuando se quiere defender unas elección propia que puede causar problemas, es dudosamente útil o perjudica a terceras personas el gestor incompetente siempre utiliza uno de los dos recursos mágicos: «era imposible hacer otra cosa» o «me he visto obligado a hacerlo». En el primer caso la información de las partes siempre está desequilibrada y en el segundo el deber incuestionable es inaccesible o pertenece a lo mítico. En ambos casos, y para zanjar definitivamente el asunto, el aprendiz de organizador siempre clama por la lealtad que se debe a las Instituciones.

A mi me asusta, desde hace tiempo, la lealtad institucional. Me interesa la lealtad al ciudadano, el cumplimiento íntegro de las penas de los que han delinquido contra la Hacienda Pública, la delación del político corrupto que está robando a los ciudadanos, la denuncia del gestor monstruoso que, por avaricia o incompetencia, causa gran desgracia a su alrededor.

¿Debemos ser leales a la canallada que perpetró el anterior Gobierno con la cosa pública? ¿Debemos lealtad al político que aún tiene la desfachatez de predicar lo que se debe hacer cuando él pudo y no quiso? ¿Debemos cumplir con el deber de la lealtad ante el que nos ofende o nos perjudica? ¿Es lógico mantenerse leal al que engaña y lo mantiene?

La reclamación de lealtad institucional, como tantas cosas, es un concepto honorable que se ha visto corrompido en su paso por la especie humana. El DRAE describe el concepto «lealtad» como “el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”, PERO TAMBIÉN reconoce como legítimo el significado de “amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo”. Respetemos la lealtad que se debe a quién lo merece, pero jamás la lealtad perruna al injusto, al malintencionado, al incompetente, al mentiroso, al tramposo o al patán. Nunca se ha demostrado, pero yo intuyo que nos iría mejor.

Hemos encontrado en internet -Tallex- que una definición sobre la “fuerza de Coriolis”, descubierta por el científico francés Coriolis en 1836, podría ser la siguiente: Un objeto, al desplazarse sobre cualquier sistema que rota sufre una aceleración adicional producida por una “fuerza” perpendicular al movimiento. No es realmente una fuerza ya que no se efectúa trabajo, pero se siente. Esto se observa por ejemplo cuando el agua de la bañera se va por el sumidero. Pues bien, si en lugar de un objeto nos imaginamos a Castilla y León que rota sobre Madrid sin efectuar ningún trabajo, toda nuestra región se irá por el desagüe ubicado en la capital de España. Como ejemplo práctico tenemos la aniquilación de nuestro comercio local cuando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid “liberaliza” los horarios comerciales sin tener en cuenta su influencia en Comunidades Autónomas limítrofes. Otro ejemplo práctico lo tenemos en la profunda reforma de las estructuras judiciales aplicadas por el actual ministro-de Madrid- aniquilando nuestros partidos judiciales. ¿Necesitamos más ejemplos?. Castilla y León, por el efecto Coriolis, se va por el desagüe de la Península Ibérica. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. No es una fuerza, pero se siente.

Parece que en España se ha instalado la desazón. Quienes creían que el nuevo gobierno iba a arreglarlo todo con un simple chasquido de dedos se han venido abajo. Pero este País tiene solución, se llama Gobierno de Concentración. Ya no sirve que los de Zapatero echen la culpa a la especulación alimentada por el gobierno de Aznar. Ya no sirve que los de Rajoy hablen de la herencia recibida. Todos debemos admitir que nos hemos beneficiado de los dineros mal invertidos y todos debemos salir juntos de esta gran crisis. El nuevo gobierno tendría que promover la solidaridad entre los españoles y sus territorios. El reparto del capital existente se haría con una gran reforma fiscal que tendría que ser suficiente para cumplir con nuestros compromisos internacionales. Se eliminarían muchos impuestos que atacan la economía productiva y se dejarían solo tres: Por lo que se tiene, por lo que se gana y por lo que se gasta de forma muy progresiva. Al reparto del capital le seguiría el del trabajo. Una nueva política laboral que impida que muchos trabajen más de ocho horas y otros no tengan trabajo, repartiendo también los salarios. Y por último una nueva política financiera que lleve que lleve el dinero a empresas y familias. Y, menos predicar y más trigo dar.

Castilla y León celebra este lunes 23 de abril su fiesta grande: Villalar o el “día de los Comuneros” como se dice en estos pagos. Con tal motivo, se reúnen en la Campa de Villalar unos cuantos políticos, bandera en ristre, para defender no se sabe qué sentimiento de unidad y autonomía (nacionalismo tan encubierto como absurdo) que esta Comunidad Autónoma no tiene. De todos los acontecimientos históricos que podían haberse elegido para celebrar el día de la Comunidad, se eligió uno que, ni se entiende, ni representa a la totalidad de las provincias. A pesar de esto, se nos mete con calzador una celebración que, al parecer, ensalza la democracia, la Comunidad Autónoma y no se sabe cuántas zarandajas más, en boca de esos políticos iluminados que, henchidos de “emoción patriótica”, pretenden insinuar que Padilla, Bravo y Maldonado estuvieron a un “tris” de fundar, en pleno siglo XVI esta nuestra comunidad. Esta es una de las tristes consecuencias del Estado de las Autonomías: las reiteradas e inmisericordes patadas a la Historia de España. La realidad de los hechos no parece importar, y en su lugar se inventan cuentos de hadas para que cada cual arrime el ascua a su sardina.

Y así nos va. Con un país a la deriva, en crisis constante y al que se le va privando, para satisfacer oscuros intereses políticos, de su rica y compleja historia. Por eso quiero, como desagravio, y para intentar aclarar un poco todo lo que rodea a esta fiesta de Villalar, que la mayor parte de la población desconoce, resumir la realidad histórica de la revuelta de los comuneros de Castilla.

Como diría una buena novela, todo empezó el 19 de septiembre de 1517. El príncipe Carlos de Gante tocaba suelo español rodeado por sus consejeros, llamados “extranjeros” por los castellanos.

Antes de su llegada, se habían desarrollado, tanto en Castilla como en Bruselas todo tipo de intrigas para ocupar el trono vacante desde que la reina Juana, injustamente bautizada como “La Loca” fuera inhabilitada . En Castilla existía una cierta oposición al prícipe, capitaneada por su propio abuelo, el rey Fernando, que prefería a su hermano, también llamado Fernando y, al contrario que el príncipe, educado en Castilla. La muerte del rey favoreció al bando flamenco que proclamó, en la iglesia de Santa Gúdula (Bruselas) a Carlos como rey de Castilla y Aragón, algo totalmente ilegal, pues la reina legítima seguía siendo Juana I. Este casi “golpe de estado” provocó varias algaradas en las ciudades castellanas y entre algunos nobles. Sólo la contundencia y carisma del regente, el Cardenal Cisneros, pudo contener en esa ocasión lo que amenazaba con convertirse en una guerra civil. A pesar de la supuesta calma, desde el regimiento de Burgos partió una llamada a todas las ciudades con representación en Cortes para realizar una ayuntamiento entre ellas y hablar de la situación: el nombramiento de Carlos era ilegal, la reina era Juana y sólo las Cortes podían ratificar el nombramiento real.

Así estaban las cosas cuando la flota de Carlos llegó a Tazones. Como necesitaba reforzar su autoridad y legalizar su nombramiento, convocó Cortes en Valladolid en 1518. Allí, tanto la nobleza como el clero le ratificaron sin problemas, pero los procuradores de las dieciocho ciudades con representación en Cortes pusieron sus condiciones, entre las que estaban la prioridad de los derechos dinásticos de la reina madre y el nombramiento de cargos, oficios y privilegios entre los castellanos, no entre extranjeros. Carlos prometió, fue finalmente ratificado y, claro está, no cumplió. Los flamencos coparon los principales cargos, marginando (y cabreando, claro) a la nobleza castellana y a las oligarquías ciudadanas.

Tras su ratificación en Castilla, Carlos partió hacia Aragón cuatro meses después para conseguir lo mismo, dejando Castilla en manos de los flamencos. Esto, unido a las tensiones anteriores, no resueltas del todo, las malas cosechas, y la mala situación económica, fue encendiendo cada vez más los ánimos.

Para colmo de males, el abuelo paterno de Carlos, el emperador Maximiliano, había muerto por entonces, y el joven rey era el principal candidato a sucederle. Carlos movió sus hilos y, estando aún en Barcelona, recibió la noticia de su elección como Emperador de los Romanos (Sacro Imperio Romano) Esto suponía que tenía que partir de inmediato a Aquisgrán para ser coronado y pagar los gastos que suponía su elección, sobornos incluidos. El dinero para cubrir dichos gastos saldría, claro está de sus reinos; sobre todo de Castilla, en la que volvió a convocar Cortes sin haber pasado el plazo legal para hacerlo (tres años entre convocatorias).

Estando el patio tan revuelto, aquella convocatoria sólo contribuyó a empeorar las cosas. Era un reunión precipitada, para cumplir con un objetivo que Castilla no podía entender, y para mayor INRI, en una ciudad muy alejada de todo el meollo del cabreo: La Coruña. Además, ya desde las Cortes anteriores, Toledo había iniciado, de forma aún sutil, la rebeldía, mandando un regidor y un jurado al gobierno flamenco de Carlos para insistir en el cumplimiento de las peticiones hechas en las Cortes de Valladolid. No contó con el apoyo del resto de ciudades castellanas, a pesar de considerar que Toledo tenía razón y el gobierno no les hizo ni caso, de modo que decidieron aprovechar aquella nueva convocatoria de cortes para recabar apoyos y hacer un frente común ante los flamencos. Estos lo sabían y decidieron presionar de mala manera a las ciudades castellanas para que eligieran procuradores prorrealistas y manipulables. Toledo se negó y los flamencos expulsaron a los procuradores de la ciudad imperial de las Cortes de La Coruña. El rey, además, amenazó a la ciudad, pidiendo que el regidor, Juan de Padilla se personara en la corte para ser castigado.
Ante estos hechos, Toledo se reveló y Juan de Padilla se convirtió así en el primer líder comunero. Esta es la primera razón histórica por la que la fiesta del 23 de abril es absurda, pues el movimiento comunero estalló en Toledo, ciudad que no forma parte del territorio de la actual Castilla y León.

Volviendo al siglo XVI, mientras esto ocurría en Toledo, en La Coruña, los procuradores del resto de ciudades con representación en Cortes, a pesar de ser supuestamente favorables a Carlos, trataron de hacer ver el descontento general. A pesar de las quejas, accedieron finalmente (con alguna que otra amenaza, sin duda) a darle al rey 200 maravedíes para colmar sus aspiraciones al trono alemán. La contrapartida era que el joven rey nombrara en su ausencia a un regente castellano, pero Carlos volvió a faltar a su palabra, dejando a Adriano de Utrecht, su preceptor como regente.

Y se armó, claro. Los segovianos se amotinaron, ajusticiaron sin más historias a su procurador en las cortes y destituyeron a las autoridades regias, comenzando así la guerra civil. El resto de ciudades de la Castilla de entonces, que era toda España salvo el Reino de Navarra y la Corona de Aragón, se levantaron en armas. Las ciudades de la meseta fueron las más radicales (lo que hoy son las dos Castillas), incluida León, mal que les pese a algunos, mientras que en las del sur el movimiento tuvo un carácter de lucha de clases, pues existía un mayor control de la nobleza sobre las ciudades.

Para intentar sofocar la revuelta, el ejército real atacó e incendió Medina del Campo. Esto provocó que Toledo impulsara el carácter político de la revuelta, llamando a todas las ciudades con representación en Cortes a constituirse en una Junta Magna como alternativa al rey, lo que suponía una ruptura institucional con él.

Los comuneros se sentían legitimados en su ruptura pues los principales derechos a la Corona de Castilla los tenía la Reina Juana, con la que se reunieron en Tordesillas el 29 de agosto de 1519. La reina les dio su aprobación para desarrollar su proyecto político, que no era, como insinúan algunos políticos iluminados de estos siglos, alcanzar la democracia, si no limitar un poco el poder del rey, o lo que es lo mismo, reforzar el papel de las Cortes para que participaran e intervinieran en los asuntos del reino. El rey reinaría y legislaría, pero sus leyes se legalizarían con la participación de las Cortes. Toda una revolución, sin duda, para aquellos tiempos, pero que realmente ya ocurría en la Corona de Aragón. Es decir, ni se inventó nada, ni el movimiento pretendía una ruptura institucional. Sólo querían renovar un antiquísimo contrato medieval: un gobernante justo y que buscara el bien común merecía la lealtad de sus súbditos. Caso contrario, lo justo era que estos le derrocaran. Los comuneros no fueron unos visionarios como muchos pretenden hoy en día. Más bien querían volver a los ideales de tiempos pasados.

La Junta Magna intentó, no obstante, ejercer el gobierno de Castilla, pero desde el principio contó con la oposición de la alta nobleza y de sectores moderados de las ciudades, que se unieron al bando realista. Para colmo, algunas ciudades comenzaron a mostrarse reticentes.

En 1520 Burgos, que tenía intereses comerciales en Flandes, abandona el movimiento. Con ella pasaban al bando real Santander, Laredo y Bilbao, que dependían de los intereses comerciales de Burgos. Al problema que esta escisión provocó se unieron las incipientes luchas de clases dentro del propio movimiento: artesanos, jornaleros y pequeños comerciantes, que nunca habían tenido acceso al gobierno de sus ciudades, empezaron a pedir más derechos, mientras que los líderes comuneros insistían en defender los suyos propios como miembros de la nobleza urbana. Por otro lado, los campesinos del alfoz de las ciudades, también se sentían discriminados ante estas y comenzaron a amotinarse, contra esta oligarquía urbana y, sobre todo, contra sus propios nobles rurales, de los que pretendían independizarse.

Esto último provocó que la nobleza castellana se uniera definitivamente al bando realista, sofocando las revueltas campesinas y aportando al ejercito real sus propias mesnadas. En diciembre de 1520 el ejercito del rey tomó Tordesillas, obligando a la reina Juana a retirar la legalidad a la Junta Magna, lo que provocó la última desbanda de juristas y caballeros hacia el bando real. Esto precipitó los hechos y, finalmente, el 23 de abril de 1521 en Villalar, los comuneros fueron estrepitosamente derrotados. Sólo Toledo se mantuvo rebelde unos meses más antes de sucumbir.

En definitiva: esta fiesta de Villalar es una tontería. No se pretendía nada de lo que ahora cuentan los políticos interesados, más que nada en esa “Fundación Villalar” que tan buenos dividendos les proporcionan. El movimiento afectó a toda la Castilla de entonces, no sólo a la Castilla y León de ahora y, básicamente, fue un intento de aumentar la influencia y el poder de las ricas oligarquías urbanas frente a los que conformaban el nivel más bajo de la sociedad, pequeños artesanos y campesinos, que siguieron tan fastidiados como siempre. De defensa de la democracia, nada de nada. Entre otras cosas porque, en el siglo XVI hablar de tal cosa era marciano.

Por eso UPyD Castilla y León nunca ha apoyado esta fiesta absurda. Incluso se han propuesto otras fechas, como es el caso del 18 de abril. Tal día como ese, en 1188, Alfonso IX de León convocó, en la Basílica de San Isidoro de León a los llamados entonces “hombres buenos”, o lo que es lo mismo, a esa incipiente oligarquía urbana que por primera vez intervenían en los asuntos del reino. Estas primitivas cortes, que luego copiaron el resto de monarcas peninsulares, darían lugar a lo que hoy son los parlamentos europeos. Esta es, sin duda, una celebración mucho más lógica y beneficiosa para todos.

Villalar tuvo su importancia en su momento, pero celebrar aquella derrota, ni es objetivo, ni generará nunca sentido de comunidad.

Artículo publicado en el blog “De cultura y otras historias“ por “María José Calvo Brasa”

En diciembre de 2010, tras un largo proceso, el Tribunal Supremo dio la razón a tres familias que habían solicitado una educación bilingüe para sus hijos en Cataluña (español y catalán). Un año después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en dos meses el lapso de tiempo para que la Generalidad aplicara el bilingüismo en la comunidad autónoma. Otro año después el pleno contencioso administrativo del mismo tribunal da marcha atrás, acepta parcialmente el recurso de la Generalidad, y decide instar al Govern a garantizar la atención personalizada en castellano, pero solamente de los alumnos cuyas tres familias lo han reclamado a través de la Justicia. La grotesca algarada judicial concluirá cuando el Tribunal Supremo zanje definitivamente el asunto que los prestigiosos juristas del tribunal autonómico no han sabido solventar. Siempre queda un regusto amargo cuando la judicatura, haciendo bueno el irónico discurso de Descartes («El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno estima estar tan bien provisto que hasta los que son los más difíciles de satisfacer en cualquier cosa no suelen ambicionar, por lo general, más del que poseen»), zanja de manera ridícula un asunto obvio.

El gobierno catalán, por si acaso, se había movilizado con anterioridad al fallo y había requerido la colaboración de sus palmeros -subvencionados con dinero público- para presionar al órgano judicial, considerando que su ilegal inmersión lingüística no podía ser cuestionada por nada ni por nadie, dado el carácter superior de las decisiones del Parlamento autonómico, la imposibilidad de que un Tribunal modifique la legislación aprobada por la institución y la necesidad metafísica de exterminar el idioma de España de la irreductible aldea. Particularmente contundente se mostró el Partido Socialista de Cataluña.

El Partido Popular -18 diputats- protestó tímidamente tras apoyar sin contrapartida alguna los presupuestos del Gobierno en minoría de Artur Más, que a su vez ha correspondido aprobando la reforma laboral del gobierno central. Ciutadans -3 diputats-, por su parte, exigió “que se respeten las leyes, el Estatuto y la Constitución”.

El asunto en sí parece repugnante. Desde fuera de la política oficial es imposible comprender que nadie tenga nada que decir sobre la importancia de utilizar el español en España, sobre la obligatoriedad de cumplir la leyes o sobre lo inadecuado de presionar al poder judicial desde el legislativo, considerando que si el primero existe de manera independiente es como mecanismo democrático de salvaguarda para los abusos del legislador. Menos aún se comprende que los responsables de semejantes desmanes sean precisamente los profesionales de la política.

Aún con todo, nada se puede comparar a la última moda instaurada en Cataluña consistente en una llamada permanente a la desobediencia civil de los ciudadanos por parte ¡de las instituciones políticas! El portavoz del Govern, Francesc Homs, animó hace menos de un año a los catalanes a llevar el distintivo ‘CAT’ en las matrículas ocultando si es preciso la ‘E’ de España (los Mossos d’Esquadra le advirtieron, inmediatamente, que es una conducta sancionable). Este sujeto es el mismo que ofreció apoyo a los ayuntamientos que no cuelgan la bandera de España en sus balconadas y vio “con simpatía” el nacimiento de la independentista Asamblea Nacional Catalana. Oriol Junqueras i Viesras (presidente de ERC) solicita a través de los medios de comunicación la insumisión fiscal al Estado y los ayuntamientos de Gerona, Arenys de Munt y Berga lo aprueban oficialmente con el apoyo de CIU y el PSC. Estamos hablando, por si alguien no se ha dado cuenta, de la comunidad autónoma con mayor deuda de todo el país (41.778.000.000€).

Fomentar la desobediencia civil desde los poderes del Estado encargados de generar leyes y fomentar la convivencia es práctica canallesca e irracional. Por muy inepto que uno sea se dará cuenta que es imposible detener el mar con las manos. Los ciudadanos, por ejemplo, harán muy bien en desobedecer la orden de la sanidad catalana que obliga a los profesionales de sus hospitales a dirigirse en catalán a los pacientes, aunque no les entiendan ¡Cabe mayor villanía!

Ha querido el azar que estos lamentables acontecimientos coincidan con una noticia del máximo interés: reputados especialistas en Biología Evolutiva (alguno de ellos catalán, de la Universidad Pompeu Fabra) avanzan que la revista Nature va a publicar, próximamente, el resultado de sus estudios de genética comparada que demuestran la ausencia casi total de diferencias entre el material genético de los humanos y los gorilas. Ante el pasmo científico generalizado, pues se esperaba precisamente lo contrario, es necesario continuar la investigación y testar nuevas hipótesis científicas. Voy a proponer al señor Homs que, dado que al comparar a la baja con otras especies no hemos tenido éxito -ni con gorilas ni con chimpancés-, y con el fin de aprovechar recursos en investigación, se debería intentar comparar al alza la secuencia de nucleótidos del ADN entre otros humanos españoles y los humanos catalanes para zanjar definitivamente el asunto y, de esa manera, apoyar de manera ya definitiva la tesis de la diferencia ontogénica entre los privilegiados que han tenido la suerte de nacer en Cataluña y los demás descendientes de la línea ibérica de los primates

A finales del siglo pasado Paul Tabori, un escritor, guionista y periodista húngaro, publicó una «Historia de la estupidez humana», cuya traducción al español se puede descargar fácilmente desde internet, ahondando en un tema que ha sido objeto de atención para muchos otros escritores («Elogio de la estupidez» E. de Rotterdam, «Sobre la estupidez» R. Musil, «Memoria de la estupidez» M.T. Lezcano, «Enciclopedia de la estupidez» M. van Boxsel, «El poder de la estupidez» G. Livraghi, etc.). Ciertamente el tema da para mucho.

El autor recorre nuestra historia y encuentra excelentes ejemplos de estulticia en relación con la avaricia, la aristocracia, la ciencia, la adolescencia, la burocracia, la justicia, la religión, el fanatismo, el sexo y, cómo no, la política.

Me he acordado de este ensayo al ver la desafortunada entrevista que Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, concedió a Telva tras ser absuelto por un jurado popular de unos cargos relacionados con la aceptación de sobornos en un contexto de presunta corrupción generalizada en el Partido Popular de la región. La imputación judicial se saldó con una victoria pírrica del president que solamente consiguió convencer al jurado, porque la opinión pública, los medios de comunicación y hasta su propio partido ya lo habían condenado con anterioridad.

En la entrevista Camps explica que «tomando decisiones valientes -su dimisión- se consiguen grandes objetivos», «consiguió hacer que la Comunidad Valenciana se sintiera por primera vez en muchos años fuerte, próspera, digna, moderna y leal a España», «la austeridad ha sido mi bandera siempre», «se ha sentido en todo momento arropado por su partido» y «me siento más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o del Gobierno». Si algún amigo leal le ayudara un poco, y agitando su cabeza a gran velocidad, gritando desaforadamente en su oreja o golpeando suavemente con la palma abierta de manera repetida en los alrededores de su corteza prefrontal lograra reorganizar su delirante cerebro, saldría del mundo de Alicia y encontraría que todo fue un sueño. En la realidad, su carrera política puede haber terminado (aunque en este país nunca se sabe), su partido envió a Federico Trillo a Valencia con la misión de obligarle a dimitir, su comunidad autónoma está arruinada, el caso Gürtel nos va a acompañar durante muchos años y el PP asiste abochornado al lamentable espectáculo en un momento particularmente delicado (su fracasado intento de expulsar del país al PSOE como partido de Gobierno).

La estupidez no es una tara congénita ni una enfermedad incurable. No se debe confundir el estúpido en el deficiente intelectual o el tarado. Forrest Gump era un idiota técnico, o un retrasado mental, pero nadie diría que era un estúpido. Las personas pueden ser muy inteligentes y tener comportamientos estúpidos (de hecho, es frecuente). El estúpido, para serlo con plenitud, necesita un cerebro sano, una mente capaz de generar estupidez. La estupidez se elige. En «Esencia de mujer», la excelente versión de Martin Brest sobre la mítica película dirigida en 1974 por Dino Risi «Perfume de mujer», uno de los personajes protagonistas, ciego, deprimido y suicida, afirma en uno de los momentos más intensos de la ficción: «En mi vida he llegado a muchas encrucijadas. Siempre he sabido cual era el camino correcto, créame. Nunca lo elegí».

La estupidez es el fruto de un duro esfuerzo personal. El autor del libro al que me refiero razona que una cierta dosis de estupidez es deseable, porque en caso contrario sería más difícil encontrar sucesos, situaciones o personajes de los que reírse y los escritores satíricos tendrían muy difícil sacar adelante su trabajo. Lamentablemente la estupidez se suele servir en dosis grandes y, en ocasiones, se relaciona más con la tragedia que con la comedia. La estupidez acepta cualquier compañero de viaje; grandes conocimientos, brillantes intelectos o elevadas posiciones en la escala social. La estupidez es taimada y engañosa, se aferra a las piernas del estulto insidiosamente y busca pasar desapercibida.

Como dice Tabori, “La estupidez es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso”. La estupidez es un fiel compañero de la raza humana y, ¡ojo!, no hace excepciones.

En tiempos difíciles parece procedente apelar al espíritu de grupo, a lo que nos une, e intentar aportar desde diferentes puntos de vista alternativas de solución o propuestas de mejora. La mayoría de la población acepta, y aceptará aún más, los fuertes recortes en el gasto generado por el país porque no percibe opciones claras que mejoren esa elección. Desde el Gobierno, desde las instituciones europeas y desde los mercados se encargan de recordarlo constantemente. Por el momento el gobierno de turno ha optado por el camino más fácil y en tiempo record ha generado una diarrea de medidas que afectan gravemente a los ciudadanos y comprometen las mejoras sociales a las que nos habíamos acostumbrado.

Desde fuera del Gobierno no se ayuda en absoluto. Los empresarios, satisfechos por la reforma laboral recientemente publicada, esperan que se modifiquen las circunstancias económicas para generar más negocio con una legislación laboral más razonable. Los sindicatos mayoritarios, ahítos de autojustificación, han perdido el norte y han cambiado definitivamente el foco de atención de los intereses de los trabajadores a su propia supervivencia. La oposición del PSOE se preocupa exclusivamente de sus propios problemas internos e intenta subsistir tras su desastrosa gestión del país. Los bancos persiguen conseguir mayores beneficios a cualquier precio y algunas comunidades autónomas pretenden aprovechar el mar de fondo para tomar ventaja en su descabellada apuesta por romper el Estado y alcanzar su anhelada independencia.

El gobierno pospone ad æternum la inevitable reforma en profundidad del modelo de estado que está detrás de tan penosa situación económica y no quiere ni oír hablar de cerrar definitivamente el modelo autonómico, eliminar las instituciones inútiles que arrastramos desde la transición (Senado y Diputaciones provinciales fundamentalmente), rediseñar el mapa de municipios, reducir drásticamente todos los entes no administrativos que parasitan la administración central, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos (fundaciones, empresas públicas, observatorios, etc.) y eliminar todas las duplicidades (o triplicidades) funcionales entre administraciones públicas.

Los ciudadanos buscan desesperadamente soluciones económicas a sus graves problemas, pero permanecen mayoritariamente ajenos a la vida política. El desprecio generalizado ‘al político’, rápidamente extendido a “la política” en general, se usa como coartada para desentenderse de los problemas que nos asfixian (que siempre son responsabilidad «de otros»). En este país la economía sumergida es elefantiásica, el fraude fiscal se acepta como lícito y el maltrato de los bienes públicos es frecuente. Los políticos, como señala siempre que tiene ocasión Carlos Martínez Gorriarán, son fiel reflejo de sus votantes. Yo pienso que entre los representantes de los ciudadanos se agazapan sinvergüenzas y ladrones, pero también los hay entre los fontaneros, los médicos, los oficinistas, los tenderos y los transeúntes con los que nos cruzamos al pasear por las calles de nuestro lugar de residencia. Es inconcebible que de una infraestructura social sana, una ciudadanía responsable y un contexto social transparente y solidario emerja un monstruo deforme con unos mandatarios felones y un comportamiento frecuentemente corrupto. También es cierto que el nivel de responsabilidad es diferente, aunque solamente sea por la obligación de ejemplaridad a la que éticamente se comprometen los representantes de los ciudadanos por el mero hecho de ser elegidos para que los representen.

Asumamos nuestra cuota parte de responsabilidad y comencemos a ejercer seriamente de ciudadanos. Participemos en la vida política más allá de las conversaciones tabernarias. Profundicemos en el conocimiento del Estado; ¡enterémonos, como mínimo, de lo que dice la Constitución! Conozcamos las propuestas de los partidos políticos desde sus programas electorales y exijamos su cumplimiento. Ejerzamos nuestro derecho (y deber) de cambiar las cosas que no funcionan. Rompamos con la tiranía manipuladora de los medios de comunicación (ver “La democracia y la manipulación mediática”). Busquemos nuestra propia información (“La transparencia necesaria”). Exijamos un gobierno abierto. Reclamemos una Ley de acceso a la información pública.

Participemos, en resumen, en la vida pública. Asumamos nuestras responsabilidades. Hacer mejor un país es responsabilidad de todos. Remontemos el estatus de súbdito y accedamos a la categoría de ciudadano.

El pueblo español es fácil de manipular. No olvidemos que dedicamos bastantes menos fondos a la Enseñanza que los países del entorno. Los demagogos tienen barra libre. Ejemplos: Sentencias que se dictan contra entidades financieras por no tener “alma” aunque las costas judiciales suponen casi el 30% del proceso y dicen que la Justicia es gratuita. Hace poco tiempo el “arco parlamentario” votó mayoritariamente como límite de sueldo no embargable 961 euros cuando el salario mínimo lo dejan en 641,40 euros. En estos días el nuevo Gobierno aprueba la “dación en pago”, que ya existía anteriormente, y muchas Entidades la han utilizado para que al menos le entreguen la vivienda en buen estado y además deje allí al deudor, que como no tiene ingresos no podrá pagar el alquiler, ni la comunidad de propietarios ni la brutal subida del IBI que han aplicado los Ayuntamientos. En esa misma Ley no se fija una pensión mínima asistencial de 961 euros con la que esa familia pudiera vivir humanamente. Esos mismos demagogos son los que se atreven a llamar vagos a maestros y profesores por oponerse al incremento de horas lectivas cuando les han incrementado un 30% las horas de reuniones y burocracias. En fin, solo la pedagogía podrá hacer frente a tanta demagogia que amenaza la aún joven democracia española